La presente publicación nos remite a una convicción personal de quienes miramos con cierto estupor la necesidad impostergable de establecer mecanismos de corresponsabilidad entre las instituciones del Estado, los medios de comunicación, los gremios, los periodistas y demás trabajadores de la comunicación a fin de preservar uno de los valores más fundamentales en los que se asienta una sociedad democrática, como es el caso de la libertad de pensamiento, opinión, expresión y prensa, ante ataques directos o amenazas cada vez más frecuentes, en contra de profesionales de la comunicación, dirigidas con la unívoca intención de disuadir el cumplimiento de sus labores, crear un ambiente de auto censura y evitar que la ciudadanía sea informada sobre asuntos de interés general pero que desvelan actuaciones oscuras, corruptas e inconfesables de los grupos de poder.