El Consejo de Comunicación condena la obstrucción del trabajo periodístico por parte del alcalde de Loja, Franco Quezada, contra el periodista Ilvar Jaramillo del medio de comunicación Ecotel. Este acto, que limita la libertad de prensa, es inaceptable en cualquier sociedad democrática que valore los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Recordamos que la información pública no pertenece a las autoridades.
Es importante recalcar que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Constitucional han establecido un alto umbral de tolerancia que deben mantener los funcionarios frente al escrutinio asociado a sus actividades públicas.
