El inicio de procesos judiciales de funcionarios públicos, en contra de periodistas por ejercer las libertades de expresión e información, vulnera los principios constitucionales sobre los que se fundamenta un Estado democrático, entre los que se incluyen los derechos a opinar y a ejercer una comunicación libre.
El Consejo de Comunicación recuerda a todos los funcionarios públicos, que su gestión está sujeta a un amplio escrutinio de la ciudadanía y de los periodistas. De allí que la denuncia presentada en contra del periodista de Diario Expreso, Roberto Aguilar, se constituya en una herramienta que amedrenta el libre flujo de ideas en una sociedad.
Es indispensable que quienes tienen el poder de administrar justicia precautelen los valores constitucionales, fundamentales de un Estado democrático, así como, apliquen adecuadamente los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
